Linux-GUAI

Quien dijo aquello de época de crisis, época de oportunidades debía estar refiriéndose -además de a las casas de empeños- al software libre. Con presupuestos esqueléticos, las administraciones públicas españolas abren sus puertas cada vez más a los programas de código abierto en escritorios y, sobre todo, en servidores. Eso sí, lo hacen sin ceremonias: ni alfombras rojas ni trompetas que anuncian la liberación de los yugos a los que les sometían las grandes compañías de software

11-03-2012 - El 83% de organismos públicos tiene instalado algún tipo de software abierto, aunque el porcentaje de implantación (15,7%) palidece aún ante la supremacía de los programas propietarios (84,3%), según los datos de 2011 de Cenatic (Centro Nacional de Referencia de la Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas). Como explica su director, Miguel Jaque, España es medalla de plata en Europa en la apuesta por este tipo de programas, tras Francia si el estudio lo hace la comunidad linuxera RedHat, con fuerte peso en el país galo, y tras Alemania si quien lo realiza es KDE, de creación germana.

La clave española, un país con comunidades de desarrollo mucho menos avanzadas que sus vecinas europeas, es que «hemos aplicado más rápidamente las directrices europeas en nuestra legislación», argumenta Jaque. Pero no nos engañemos: queda mucho camino por recorrer. Iniciativas como la que recoge la plataforma Actuable, que busca firmas para que el Congreso deje de gastar un millón de euros en licencias, reclaman que la administración de un paso al frente. También lo hacen voces autorizadas como la del vicerrector de tecnología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Llorenç Valverde: «Está claro que utilizar licencias es un dispendio innecesario».

El software libre no es gratis

Razones materiales no faltan. El coste de las licencias se elimina -imaginemos lo que eso supone sólo en el ordenador de trabajo de cada uno de los miles de funcionarios-, pero lo que se vende y se compra en la era de lo intangible no es un CD, es el servicio. Por eso, el programario libre también es negocio. CatPL es una asociación catalana de empresas informáticas con dos cosas en común: todas han crecido pese a la crisis y todas se dedican al software libre. Y es que, aunque es más barato en la mayoría de casos, implementar programas abiertos en la administración no es gratis.

El primer gasto es el coste de migración. La herencia de la compra de licencias en muchos departamentos pesa como una losa, por inercia y por los costes que acarrea cualquier cambio. Aquí la crisis es un arma de doble filo: «Nadie quiere gastar 1.000 euros ahora aunque eso suponga ahorrar 100 cada mes», explica el director de Cenatic. Por eso, como añade Josep Fígols, presidente de CatPL, «si partiéramos de cero y se pudiera elegir no haría falta que yo defendiera el programario libre».

Más allá de la fuerza de la costumbre, la principal barrera a la que aluden los encargados de los sistemas informáticos públicos es la falta de profesionales duchos en la materia, según el informe de Cenatic de 2011. Y precisamente esa es otra de las medidas anticrisis que trae debajo del brazo el software libre: formación de trabajadores -eso es bueno- y, como asegura Miguel Jaque, «una demanda cada vez mayor de profesionales cualificados», o sea, puestos de trabajo -eso es incluso mejor. El catedrático Llorenç Valverde es un poco más crítico: «¿Qué quiere decir formación en software libre? No sé si hace falta formación en software libre o, simplemente, formación a secas».

No es tanto una aritmética de ahorro, que también, sino de decidir a dónde va ese dinero y a qué se dedica. El 95% del software privativo en España es importado. «Nos estamos sangrando a nosotros mismos», dice Jaque. El debate, pues, es si queremos pagar las licencias o contribuir al desarrollo local.

Libertad, diversidad, interoperabilidad

Ponga usted programas libres en su administración: los costes bajarán casi seguro y ayudará a paliar el paro, mejorará la formación de sus trabajadores y dará un empujón a las empresas locales. Pero las bondades también son inmateriales, aunque éstas hayan quedado apartadas por el tsunami de lo práctico que trajo consigo la crisis. Los programas de código abierto, en los que cualquiera puede acceder a su ADN y modificarlo, mejorarlo o adaptarlo a sus necesidades, llevan de la mano la filosofía de que todos juntos somos más listos que uno solo o, lo que es lo mismo, compartir conocimientos para, como en la investigación científica, poder desarrollar mejoras en cualquier parte del globo. Luego está la seguridad: ¿cómo vamos a confiar nuestras bases de datos a un sistema que no sabemos cómo funciona, del que no conocemos su código fuente?

En el caso de las administraciones públicas, además, comporta otra mejora imprescindible para ofrecer un servicio público en igualdad de condiciones: la interoperabilidad. Es decir, que los ciudadanos puedan acceder a un programa o aplicación desde cualquier ordenador, con cualquier sistema operativo y a través de cualquier navegador. Y eso nos lleva, casi necesariamente, al software libre. «Para las administraciones es más fácil usar programas con licencia de pago, pero lo que hacen es traspasar el problema al ciudadano, que pierde su libertad», critica Llorenç Valverde. Hasta la declaración de 2009, AEAT sólo ofrecía el programa PADRE de la Renta para sistema operativo Windows.

Pero, ¿para qué tocar nada si la mayoría de españoles usa Microsoft? «Si eso lo aplicáramos a otros ámbitos no estaríamos ahora mismo hablando catalán, ni castellano, sino inglés. La diversidad es un beneficio que nadie discute en el mundo lingüístico o en el mundo natural y tendría que ser también un bien a proteger en el contexto informático», replica Valverde. Y pone un ejemplo: «No puedes mandar deberes a los niños que les obliguen a comprar y usar programa propietario, por ejemplo, no es ético». De hecho, la educación es donde más empapa la aplicación de estos sistemas libres y donde empezaron a andar en Extremadura, pionera en el año 2002.

Por eso, Valverde reclama que en las licitaciones de servicios informáticos sea condición sine qua non que las aplicaciones que se ofrezcan sean interoperables y que la ley contemple multas para quienes no cumplan este requisito. Pero esa condición, en la legislación española, no pasa de ser una recomendación. Hasta en el 38,5% de los concursos públicos este asunto se deja «al criterio de los licitadores», en el 14,7% se pide que sea así «en la medida de lo posible», en el 21,7% «no se exige, pero se valora» y sólo en el 1,4% de los casos es imprescindible que todos los componentes del software que se vende a la administración sean de fuentes abiertas.

Un paso más: crear y reutilizar

En el Cenatic, además de hacer radiografías del estado de la cuestión, ejercen de intermediarios entre administraciones para fomentar el uso compartido de las aplicaciones. Porque nada es más eficiente que utilizar algo que ya funciona. Los desarrollos emergidos de una administración son aplicables y adaptables en otras o, lo que es lo mismo, el mismo software creado para gestionar el cementerio de Sabadell se puede aplicar -y se aplica- en Móstoles. De hecho, el Real Decreto 4/2010 recuerda a las administraciones públicas que tienen que compartir sus recursos informáticos y la ley 11/2007 insiste en la cesión sin contraprestación. ¿Compartir, les suena?

Pero las cifras en este sentido no son muy positivas: el 46% de las administraciones encuestadas generan su propio software, pero el 76% de estas aplicaciones desarrolladas no han sido liberadas ni van a serlo, en la mayoría de casos porque, simplemente, quién debe responder no sabe/no contesta. Así, sólo el 27% de organismos reciclan soluciones de otras entidades públicas.

Cuando en 2002 Extremadura dio el campanazo con GNU/LinEx, su propio sistema operativo, no sólo abrió un camino simbólico, sino que estableció las bases que luego sustentaron el Guadalinex andaluz. Ahora que Extremadura ya no hace bandera del programario libre -aunque, según Jaque, sigue utilizándolo sin hacer ruido- ya no hay apenas diferencias entre comunidades autónomas. Todas lo aplican, en mayor o menor medida, y sobre todo de puertas para adentro, pues su implantación en servidores es mucho más destacable que en programas de escritorio. De hecho, todos los ordenadores de todos los organismos consultados tienen instalado un Windows. La mayoría aplastante se hace visible en esas acciones que crean imagen: los diputados de todos los parlamentos autonómicos y del Congreso tienen portátiles con el sistema de Microsoft o iPads.

«Estamos rodeados de programario libre»

La previsión de Cenatic es que esto va a más. Lo que nació de una comunidad de gurús se ha ido expandiendo a la sombra de las grandes campañas de márketing de las empresas de licencias propietarias y se está posicionando en las administraciones públicas y en el ámbito doméstico. Aunque no seamos conscientes (sólo uno de cada cinco usuarios afirma emplear software libre) estamos rodeados de programario libre (su uso real supera el 83%, según el informe de uso doméstico de la misma Cenatic). Ya no es más difícil ni complicado. Hacemos doble click o hacemos un click, poco más.
Es lo que Josep Fígols llama «penetración silenciosa» y augura que en unos años será tan normal que no hablaremos de programario libre, porque todo lo será. Y añade: «Lo que no sucede es que busquen programas libres por ideología, buscan ahorrar y ser más eficientes, se llame como se llame, no tenemos visibilidad». «Quizás tenemos que buscar una palabra más sexy», bromea.


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