El software libre y las administraciones públicas españolas
Comentarios al Informe CENATIC (II): sobre los requisitos y necesidades de la Administración
15 de Octubre de 2008
En la primera parte del análisis del documento del CENATIC, tratamos de las conclusiones del estudio, que en él se incluyen al principio a modo de resumen ejecutivo del documento. Como no se trata de una novela, no nos importó conocer el final, al contrario, nos indicaba en qué aspectos de la lectura posterior debíamos prestar una especial atención, bien por lo delicado dela cuestión bien por nuestro eventual desacuerdo en tales conclusiones o en las razones que llevaban a ellas.
En esta segunda entrega, vamos a centrarnos en cómo estudia el CENATIC las ventajas y beneficios que el software libre aporta a las administraciones públicas y en las necesidades primarias a las que debe rsponder este programario.El documento expone inicialmente una serie de requisitos, enunciados en la «Propuesta de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre la utilización de software libre y de fuentes abiertas», elaborada por el Grupo de software libre de la Administración General del Estado, que la Administración debería tener en cuanta a la hora de diseñar la arquitectura de sus sistemas y de adquirir el software que los va a motorizar y que, en suma, son:
· Libertad de elección, tanto de equipos como de servicios, es decir, la no dependencia de un único proveedor.
· Protección de la inversión ante eventuales desapariciones de empresas o cambios de políticas comerciales de los suministradores.
· Mejor relación calidad/precio al favorecerse la competencia eliminando el monopolio de facto que supone una licencia propietaria.
· Garantía de comunicación e interoperabilidad de los sistemas, tanto entre la Administración con los ciudadanos como entre distintas administraciones públicas.
El software libre, por tanto, es la única garantía para el cumplimiento de estos requisitos y aporta, además, otras ventajas adicionales:
1) Dimensión social, no sólo por reducir costes de dinero público sino por reducir el gasto de los ciudadanos en su acceso a las nuevas tecnologías y a los servicios de la e-Administración.
2) Interoperabilidad y normalización, al usar estándares abiertos.
3) Independencia tecnológica: es la Administración la que decide cuándo, dónde, cómo y de la mano de quién se migrará a sistemas o aplicaciones distintos o más avanzados, sin verse forzada a ello por decisiones empresariales que responden únicamente a intereses comeciales de terceros particulares.
4) Soporte técnico y mantenimiento que puede elegirse libremente, acumulativa o alternativamente, de acuerdo con cualquiera o varias de las tres modalidades clásicas:
a. Utilizando medios propios
b. Contratando los servicios de terceros
c. Aprovechando soluciones (parches, actualizaciones) de las comunidades de desarrollo
5) Protección de modalidades lingüísticas: las administraciones con lengua propia no habrán de pedir permiso para usar su propio idioma.
6) La estabilidad y calidad que confieren un escrutinio público y constante del código por parte de una comunidad muy activa (sin contar los medios propios dedicados a ello eventual o permanentemente).
7) Coste total de propiedad, el famoso TCO sobre el que Microsoft ha predicado tantas fantasías y que es claramente favorable al software libre y más aún en las administraciones públicas.
8) Propiedad intelectual, que en el software libre, gracias a sus licencias copyleft, se convierte en una ventaja y un aliciente al permitir una ágil y rápida innovación gracias a la competencia que favorece, en vez de constituir el grave inconveniente que representa con el software propietario.
Pero hasta aquí, en realidad, no hay nada que no sea de universal aplicación, por más que, efectivamente, algunas de estas características favorecen aún en mayor medida al sector público que al privado. Pero, a partir de ahí, el documento del CENATIC se adentra en los criterios de seguridad, normalización y conservación formulados por el Consejo Superior de Informática y para el Impulso de la Administración Electrónica, del que cita las siguientes recomendaciones:
a) Los servicios de la e-Administración deben ser accesibles desde cualquier navegador
b) Los programas entregados por la Administración deben poder funcionar sobre todo tipo de plataformas
c) Es necesario usar normas y estándares públicos, libres de royalties y patentes.
Estos tres últimos puntos, según entendemos, quedan suficientemente garantizados por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) pese a algunas reservas que no es caso ahora comentar. En consecuencia, todas las administraciones públicas, las grandes dentro de un año y las pequeñas más tarde, pero, a largo plazo, igualmente, habrán de estar a estas recomendaciones a las que la LAECSP ha convertido en obligaciones.
Más dudoso, mucho más dudoso, vemos, sin embargo, que las administraciones públicas vayan a asumir en su totalidad los requisitos que párrafos más arriba hemos visto que establecía el Grupo de Software Libre y lo vemos a la luz de la experiencia palpable. Mientras en algunas administraciones públicas se ha manifestado claramente la voluntad política de implantar el software libre (Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, según hemos sabido estos últimos días) y en algunas otras esa voluntad política se ha plasmado en realidades rotundas (de nuevo podríamos volver a los paradigmáticos ejemplos de Extremadura y de Andalucía), en otras podemos observar todo lo contrario, como el caso del Ayuntamiento de Barcelona, vergonzosamente entregado -regalado, de hecho- a Microsoft, o el de varias comunidades autónomas que han acudido instrumentalmente (que ya nos parece bien, ojo) al software libre asustados ante la enormidad de la inversión en material TIC para la educación pública o para sus redes de servidores, como un recurso para aligerar esa inversión enorme y el mantenimiento y actualización de los sistemas, pero cerrando el resto de los escritorios de su organización administrativa al exclusivo beneficio del monopolio norteamericano, como hace la Generalitat de Catalunya pese a sus periódicos fuegos artificiales en pro del software libre.
Este es, precisamente, el aspecto que vamos a estudiar en la próxima entrega de estos trabajos sobre el Informe CENATIC: dónde está la cera que arde y cuánta es, y dónde hay solamente humo de colores.
Javier Cuchí
Coordinador de Linux-GUAI
Descarga del informe del CENATIC (PDF)